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Estafa masiva: la ley de blanqueo y de jubilaciones

El 29 de junio pasado el Senado aprobó por mayoría la ley propagandizada como “de reparación histórica para Jubilados y Pensionados”, que en realidad encubre medidas perjudiciales para el país.

La ley en cuestión establece mecanismos de acuerdo con jubilados cuyos haberes fueron mal calculados, al tiempo que propicia un blanqueo de capitales,  habilita la venta de acciones de empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, modifica regresivamente el impuesto a los Bienes Personales, y quita la posibilidad de que se jubilen quienes no tengan los aportes.

La “reparación” consiste en ofrecer un acuerdo a los jubilados que cobran haberes menores a los que establecieron diversos fallos, ya sea por el valor inicial o por la movilidad que tuvieron sus ingresos. Esto incluye a quienes hicieron juicio al Estado por cobrar de menos y aquellos que podrían litigar por la misma causa. Se trata de un acuerdo que implicará resignar parte de lo que cobrarían si se respetan los fallos, aunque les garantizaría obtener una reparación parcial en un tiempo limitado (frente a la incertidumbre que podría suponer continuar litigando),

Esta reparación relativa comprende -según estimaciones- aproximadamente a un tercio de los jubilados; el proyecto no trae ningún beneficio a quienes cobran la jubilación mínima, ni a los que están comprendidos en regímenes especiales (docentes, investigadores, docentes universitarios, guarda parques, etc.).

En cuanto a la cuestión previsional, el proyecto elimina las moratorias que posibilitan el acceso a la jubilación a quienes no completaron los aportes previsionales, otorgando a cambio una pensión del 80% de la jubilación mínima y que no genera pensión para el cónyuge en caso de fallecimiento.

La ley introduce diversos aspectos negativos de enorme relevancia, que fueron aprobados con cambios menores en Diputados y refrendados sin cambios en el Senado.

El Libro II presenta un “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. El Estado Argentino posibilitará el blanqueo de dinero, muebles e inmuebles no declarados, a cambio de un impuesto que varía entre el 5% y el 15%. A diferencia de iniciativas anteriores de perdón fiscal, el nuevo proyecto no exige que los bienes blanqueados vuelvan al país. Alguien que tenga bienes en negro, por evasión u otros delitos, con sólo declararlos y pagar un impuesto podrán disponer libre y legalmente de esos bienes. Como señaló el especialista en lavado de dinero Juan Valerdi, el blanqueo es “genial” para los amigos que tienen “plata en guaridas fiscales”, ya que no necesitarán repatriarla.

Quedan fuera del blanqueo los bienes depositados en jurisdicciones a las que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) declara como “de Alto Riesgo o No Cooperantes”; no se refiere a los paraísos fiscales, ya que a junio de 2016 esa lista tiene un solo miembro: Corea del Norte (Irán salió provisoriamente de la nómina).

El perdón fiscal no comprende a los funcionarios públicos que se hayan desempeñado como tales desde el 1° de enero de 2010. Tampoco podrán aprovechar los parientes directos (padres, cónyuge, hijos menores emancipados) del presidente, vice, gobernadores, jefe de gobierno de CABA y personal de organismos de inteligencia. En la redacción aprobada, no hay obstáculos para los parientes de los demás funcionarios ni para otros familiares, caso del primo Angelo Calcaterra (Iecsa). Tampoco se prohibió blanquear a los contratistas del Estado.

El gobierno justificó el blanqueo en la necesidad de fondos para financiar los incrementos que beneficiarán a los jubilados mencionados arriba. Si esos fondos no alcanzaran, la ley prevé la venta de acciones de empresas privadas que hoy integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bajo la Anses, que constituyen un preciado botín para muchas empresas y que posibilitó en su momento que el Estado participe de las deliberaciones, por ejemplo del Grupo Clarín. Eso sí: si hay que conseguir plata, no provendrá de los más ricos, ya que en el paquete legal se modificó el impuesto a los Bienes Personales para reducir lo que se aporta por este gravamen,

Esta ley, a la que sólo se opusieron los diputados del FPV, la minoría de los senadores de esa fuerza, el FIT y algunos legisladores de otros bloques menores, permitirá en el mejor de los casos un alivio a una parte de los jubilados. A cambio beneficiará a evasores, corruptos y eventualmente delincuentes que no pueden justificar sus bienes, y desguazará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

JORGE RAMÍREZ

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Jorge Ramírez

Jorge trabaja como docente universitario en la UNSa. Actualmente es el Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y forma parte del Comité Regional del Partido de la Liberación en Salta.

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