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Tirar abajo el plan macrista de flexibilización laboral

Uno de los objetivos del gobierno del PRO-Cambiemos, a pedido de los empresarios, es la “reducción de costos laborales”, que no es otra cosa que la pérdida de conquistas y derechos, y más precarización laboral, dejando a los trabajadores a merced de la voracidad de las patronales.

Esto se intenta imponer como condición para la llegada de las tan “ansiadas” inversiones. Su argumento es que éstas no vienen, porque en Argentina existen convenios colectivos de trabajo con “demasiados derechos”.

La realidad contradijo totalmente esa orientación antiobrera, pues en el año 2016 se perdieron 400 mil puestos de trabajo, según los cálculos del dirigente de la CGT, Juan Carlos Schmid, quien a los 127 mil despidos registrados que informa el INDEC, le sumó el efecto sobre el empleo informal.

En ese marco de suprimir conquistas laborales, el gobierno nacional le puso un techo (18%) a las paritarias, y para aquellos sindicatos que ya habían acordado aumentos salariales, por encima de ese porcentaje, directamente desconoce esos acuerdos, violando la libertad en la discusión paritaria. Los bancarios habían acordado con los bancos un aumento del 30%, pero Trabajo no lo homologó.

En la reunión de doce gobernadores para fijar un porcentaje común en la paritaria docente salió el 18%. Los gremios docentes amenazan no iniciar las clases. Es que a los 10 puntos promedio que perdieron los trabajadores durante 2016, ahora se le agregaría una nueva baja en el salario: IMET prevé una inflación del 32% para 2017.

Uno de los puntos más perversos de las modificaciones propuestas en la regulación laboral, está el de sustituir la indemnización por despido, hoy a cargo del empleador, por una especie de “seguro” o “sistema contributivo” sostenido con aportes del trabajador y la empresa. Sería el propio laburante quien financie su indemnización laboral.

La modificación del régimen de indemnización por accidentes y enfermedades laborales, también está en la agenda es la reducción de la “excesiva litigiosidad” del fuero laboral. Los más perjudicados por las demoras son los trabajadores, que tienen que esperar años para cobrar una indemnización.

Siguiendo con estas políticas antiobreras, y en una actitud de absoluto desprecio por las reglas democráticas, Macri modificó el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), para limitar los juicios por accidentes laborales. El presidente dispuso por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que debió ser materia de debate parlamentario, contrariando la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en un fallo de 2010 sostuvo que el mecanismo de los DNU no puede utilizarse para sortear el trámite legislativo.

El decreto de Macri establece que, antes de recurrir a la Justicia laboral para reclamar contra un despido o por un accidente o enfermedad laboral, el trabajador debe pasar obligatoriamente por el dictamen de una Comisión Médica. Como estas comisiones son muy restrictivas a la hora de calificar la gravedad de las consecuencias en la salud psicofísica del trabajador, de una enfermedad o accidente, así se perjudica a la parte más débil de la relación laboral, el trabajador, y se beneficia a las ART que ahora deberán abonar mucho menos.

En lugar de modificar el sistema para obligar a las empresas, al Estado y a los sindicatos a promover la prevención de accidentes, con mayor inversión en sistemas de protección, educación y campañas preventivas, el gobierno macrista ataca la legislación protectoria, para reducir los “costos laborales”. Aún en el hipotético caso de que se crearán más puestos de trabajo, éstos serán con bajos salarios, contratos a plazo sin derecho a indemnización, jornadas de trabajo más prolongadas en aras de la “productividad”, etc.

El convenio firmado recientemente en el sector petrolero, con pleno acuerdo del sindicato que dirige el senador Guillermo Pereyra (petroleros de Río Negro, La Pampa y Neuquén) ha sido un exitoso globo de ensayo. Para Macri, el acuerdo de los petroleros debe ser imitado por los demás sectores del trabajo.

Como en los ´90, la flexibilización laboral no pasa si no es con la complicidad de las dirigencias sindicales, que le han dado una tregua de 15 meses al gobierno macrista, a pesar de estos ataques a los trabajadores.

La lucha para romper el techo macrista a las paritarias y la resistencia contra su plan flexibilizador deben ser los objetivos centrales de la pelea de los trabajadores en 2017. Y para que estas luchas no sean derrotadas, hace falta la unidad de los compañeros por abajo, desde las bases, en las asambleas, con los cuerpos de delegados, con las agrupaciones y gremios combativos, las dos CTA y la Corriente Federal, para imponerle a la CGT el Paro Activo y el Plan de lucha de menor a mayor al que la burocracia se resiste con una consecuencia digna de mejor causa.

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