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Coordinación y unidad en DD.HH.

Sólo en un sistema democrático, los Derechos Humanos pueden ser reconocidos, promovidos y tutelados. Promovidos en todos los órdenes y niveles institucionales para que no se los viole alegando desconocimiento. Tutelados, es decir protegidos por el Estado y por la comunidad internacional.
Nuestro país ha vivido a lo largo de su historia graves violaciones a los DD HH, siendo la dictadura militar que comenzó en 1976, la más grave al instaurar la Doctrina de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado, que significaron 30.000 desaparecidos, fusilamientos, vuelos de la muerte, robo de 500 criaturas, miles de presos y exiliados y la aplicación de un plan económico que significó el aumento de la deuda externa, la extranjerización de la economía y la pobreza de millones de compatriotas.
Por estos delitos hay 750 condenados de los 2780 imputados, 518 tienen arresto domiciliario y casi no hay civiles condenados (el empresario Marcos Levin de Salta, fue condenado, pero una Cámara revocó la sentencia). Hasta ahora, gracias al incansable accionar de Abuelas, se han recuperado 125 nietos. Estos logros han sido fruto de la lucha de los organismos y las fuerzas políticas populares, con el acompañamiento clave de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que lograron ubicar a nuestro país en un lugar privilegiado y respetado en todo el mundo.
Con el gobierno de Mauricio Macri esta situación ha cambiado radicalmente. Este presidente que afirmaba que acabaría con “el curro” de los Derechos Humanos, ha tomado decisiones y medidas orientadas en un sentido de claro retroceso. Algunas de ellas, sirvan como ejemplo: disolución de la Dirección Nacional de DD HH del Ministerio de Seguridad de la Nación, despido de trabajadores del Programa Unidad y Justicia y también en los dedicados a la investigación de los crímenes perpetrados por el Estado durante la dictadura, demoras en la constitución de tribunales orales y en la elevación de causas por delitos de lesa humanidad, renuencia a cumplir con el cronograma de los juicios, reducción de los fondos para Derechos Humanos (los programas cayeron de 734 a 643 millones de pesos) y también se registró una baja del presupuesto del Programa de Fortalecimiento de los procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad (de 23 millones a 12 millones).
A estas disposiciones debe sumarse la permanente estigmatización a los organismos de DD.HH. y sus referentes y la intención de imponer la “teoría de los dos demonios”. falseando la realidad histórica y alentando una “reconciliación” con impunidad y desigualdad.
También la violencia política e institucional ha aumentado. La detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, define un acto de intolerancia y clara persecución política por parte del gobierno nacional y sus aliados, violando el ordenamiento legal nacional e internacional. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado en un procedimiento llevado a cabo por Gendarmería Nacional, puso de manifiesto la complicidad entre el gobierno, el Poder Judicial y los medios hegemónicos, empeñados en ocultar la verdad y no aceptar la responsabilidad del Estado.
Y, por último, las políticas de ajuste implementadas han generado altos niveles de pobreza, desempleo, de exclusión social que se profundiza diariamente, violando los derechos sociales, económicos y culturales. Estos son también derechos humanos a lo que se agrega la sistemática represión y criminalización de la protesta social.
Pero este panorama opresivo, ha tenido la respuesta contundente y en la calle de millones de compatriotas. Las masivas marchas contra el “2×1”, y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, así lo demuestran. También los pronunciamientos y actividades de los organismos de DD HH. Hay que avanzar en ese sentido. Coordinando a nivel local, regional y nacional las acciones y las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos y promoviendo la unidad necesaria para que la lucha sea más efectiva, y sin abandonar las movilizaciones en las calles.

ELENA RIVERO

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Elena Rivero

Luego de estar exiliada durante la dictadura fascista de 1976, Elena se incorporó al PL en 1985. Fue dirigente gremial de la oposición docente en Salta. Además, es fundadora de Casa de amistad con Cuba y la Patria Grande y de la Asociación de Derechos Humanos "Coca Gallardo". Forma parte del Comité Central del Partido.

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