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Endeudamiento monumental de Macri

 

Desde que asumió, Mauricio Macri emitió 143.830 millones de dólares de deuda, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET).

El pago a los “fondos buitre”, a comienzos de la gestión, le permitió al gobierno acceder a créditos internacionales. Esos préstamos se consiguieron mediante la emisión de bonos por los cuales se comprometió el pago de intereses cada vez mayores. Uno de los casos extremos es el del famoso Bono a 100 años, que paga intereses de más del 7% en dólares y que fue comprado -entre otros- por fondos de inversión que asesoraba el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo. Las emisiones de deuda también llevan importantes ganancias a un grupo de bancos generalmente extranjeros, que cobran comisiones.

Esto forma parte de una política que eligió tomar cada vez más deuda para equilibrar el déficit, bajo el argumento de que financiar ese déficit con emisión produce efectos inflacionarios.

Sin embargo, el destino de los dólares que llegaron por esa vía no tuvo nada que ver con sostener las cuentas internas y -mucho menos- a favorecer el despegue de la economía. Los dólares ingresaron, engrosaron los compromisos del Estado para financiar la fuga de capitales y la especulación financiera. Al mismo tiempo, el pago de intereses pasó a representar un porcentaje cada vez mayor de los gastos, al punto de que el proyecto de presupuesto girado al Congreso destina el 18% a atenderlos; como referencia, para 2018 se asignó un 14% (luego fue un poco más, ya que fue modificado por decreto), en 2017 era del 10% y en el último año del gobierno kirchnerista había sido del 7,7%. Otra forma de ver esta relación es considerarlo respecto del Producto Bruto Interno: el año próximo los pagos de intereses se llevarían el 4% del PBI, mientras que en 2015 eran el equivalente al 2%.

Según datos oficiales del primer trimestre de este año, el stock de deuda creció más del 30% desde noviembre de 2015; pero como esa deuda está mayormente en dólares (más del 80%), la devaluación del 50% aumentó su peso respecto de la economía nacional. Informó eso en agosto el Instituto de Economía y Trabajo de la Fundación Germán Abdala.

El propio oficialismo calcula, según lo plasmado en el proyecto de presupuesto, que a fines de este año la deuda ya representará el 87% del PBI. Sin embargo, otras estimaciones calculan que ese porcentaje será del 110%, una carga inaceptable para la economía argentina. El gobierno anterior había dejado esa relación en alrededor del 50% y ese fue un factor que el macrismo aprovechó para tomar más deuda.

Según el presidente “pasaron cosas” y por eso se dificultó el acceso al crédito en el mercado internacional. Sin duda, los factores externos (sobre todo la política norteamericana que incluyó la suba de intereses) incidió en que la deuda sea cada vez más cara. En el caso argentino, también creció la visión en los “inversores” de que el país puede tener dificultades para pagar en el futuro, por lo que el gobierno decidió apelar al Fondo Monetario para que le de un “rescate” de 50.000 millones de dólares.

Ese organismo impuso una serie de exigencias para otorgar esos fondos. La receta es la de siempre: bajar el gasto público, reducir el déficit, lo que se traduce en ajuste contra la mayoría de la población (baja en las jubilaciones, despidos, disminución de los salarios reales, recorte de partidas, etc). El “rescate” (como lo llama el FMI) comenzó con un desembolso de 15.000 millones, a lo que seguirían otros tramos en la medida en que el gobierno cumpliera con las indicaciones del buró que preside Lagarde.

A pesar del fuerte ajuste impuesto, de los cientos de despidos de los últimos meses y de que los salarios se achicaron con la suba del dólar y la inflación, el gobierno no logró cumplir con esas metas. Inició una nueva negociación que contempla un incremento del préstamo y el adelanto de fondos, para lo que se comprometió a realizar un ajuste mucho más profundo para el resto del año y el año próximo.

Con la tutela directa del FMI, el gobierno impone el ajuste y con él cae el consumo, se retrotrae la economía y -en consecuencia- se hace difícil que el Estado recaude lo que necesita… lo que lleva a más ajustes.

Es imprescindible cortar este círculo perverso que cae sobre la mayoría de la población, retomar el control de la economía, el comercio exterior y la banca, para ponerlos al servicio del pueblo.

MARÍA ALANIZ

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