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Las clases en las universidades comienzan con conflictos

Los sueldos de los docentes universitarios recibieron un aumento del 25% desde marzo del año pasado; la inflación, en tanto, ya había acumulado hasta diciembre más del 41%.

Frente a esa pérdida salarial, el acuerdo que en su momento firmaron parte de las representaciones sindicales de la docencia preveía una instancia de “revisión” en enero, que debía realizarse luego de que se publicaran los datos del IPC que elabora el INDEC para el último mes de 2018.

El gobierno convocó a esa instancia sólo a los sindicatos que firmaron el acuerdo, dejando afuera CONADU Histórica, una de las federaciones más representativas. El encuentro en cuestión tampoco trató ninguna “revisión”: los gremios que habían aceptado la oferta del año pasado tuvieron que limitarse a escuchar la decisión unilateral del gobierno, consistente en dos incrementos “en negro”, de 5% en enero y 4% en febrero respectivamente.

Esos porcentajes corresponden a los mejores casos: las y los docentes que trabajan en sedes y universidades que perciben adicional por zona desfavorable, así como quienes cobran el plus por título, tuvieron aumentos menores. Esto se debe a que estas cifras no son ni remunerativas ni bonificables, con lo que el gobierno profundiza la tendencia iniciada en noviembre pasado de desarticular el salario básico, violando de paso el Convenio Colectivo de Trabajo.

Además, el macrismo pretende considerar a estas cifras como “adelanto” de la paritaria de 2019, con lo que manifiesta la decisión política de consolidar la pérdida salarial del año pasado.

Frente a este escenario, CONADU Histórica decidió impulsar el no inicio de clases, aunque las diferencias en los calendarios académicos de las casas de estudio hacen difícil cumplir con esa medida. Aún no se definió la medida de fuerza cuando ya hay universidades en las que comenzó el cursado. Esta federación, que reúne a asociaciones de base de 25 universidades, definirá el próximo 21 de marzo cuáles serán las medidas de fuerza con las que llevará adelante el plan de lucha por recuperar el salario y el presupuesto universitario. Se analizará la suspensión de actividades académicas a partir de una fecha a determinar, de manera similar al año pasado, cuando fijaron el 6 de agosto como inicio de un paro que terminó durando hasta la segunda semana de septiembre.

Un aspecto a considerar será la posibilidad de coincidir con las otras representaciones gremiales, en particular con CONADU o al menos con algunas de sus asociaciones de base. Es que el gobierno consiguió dividir el frente docente a partir de la firma del acuerdo salarial del año pasado. Es claro que se necesita la mayor amplitud posible para dar batalla ante un gobierno dispuesto a recortar para cumplir con sus metas fiscales fondomonetaristas, para las cuales la educación pública constituye un gasto. Tampoco extraña la decisión oficial de menoscabar el cumplimiento del Convenio Colectivo, posición coherente con el desconocimiento (y demonización) de los avances en las condiciones laborales establecidas con ese tipo de normas.

El cuestionado acuerdo salarial le da, a corto plazo, algo más de aire al gobierno. El próximo 18 de marzo debería constituirse una nueva reunión de “revisión”. Esa fecha está fijada en función de la publicación de Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero; se calcula que la variación de precios rondará el 4%, acumulando entre 6 y 7 puntos tan sólo en los dos primeros meses, por lo que el “adelanto” es insignificante frente a la pérdida salarial.

Las principales federaciones coincidieron en el paro nacional educativo del 6 y 7 de marzo, en las marchas realizadas el 6 y en el paro de mujeres del 8. Aún no se logró articular una acción común ante la perspectiva de que el gobierno intente consolidar el retraso salarial y continuar con su política de adicionales “en negro” y desbaratamiento del Convenio Colectivo.

Es de esperar que las bases de las asociaciones de CONADU -y de otras representaciones menores como FEDUN y FAGDUT- impulsen la puesta en marcha de un plan de lucha común. Es imprescindible articular un plan de lucha en la docencia universitaria, en conjunto con las organizaciones estudiantiles, generando también las condiciones para un plan de lucha nacional junto a centrales y sindicatos, para derrotar al ajuste y a la política pro imperialista del gobierno de Macri.

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Jorge Ramírez

Jorge trabaja como docente universitario en la UNSa. Actualmente es el Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y forma parte del Comité Regional del Partido de la Liberación en Salta.

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