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Colombia: Siguen los crímenes de líderes sociales y ex guerrilleros

En su visita a Argentina el pasado 10 de junio, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresaba a Mauricio Macri: “quiero agradecer el apoyo que usted dio contra el dictador Nicolás Maduro en la Corte Internacional Penal. Que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el fin de la dictadura y el regreso de la democracia en Venezuela”. Ambos tienen mucho en común: políticas económicas y sociales que perjudican y excluyen a millones de personas en sus países, un sometimiento al imperialismo yanqui y a los organismos internacionales de crédito, llamamientos y acciones para derrocar al legítimo gobierno de Maduro y una política represiva en lo interno.

El Movimiento Defendamos la Paz, nacido en febrero pasado, para impulsar el crecimiento del Acuerdo negociado en La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo exigió al gobierno nacional garantizar la seguridad e integridad física de los ex-combatientes de las FARC y de quienes ejercen el liderazgo social en Colombia.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en el 2016, hasta el 22 de mayo de 2019 han sido asesinados 702 líderes sociales y 135 ex-combatientes de las FARC. El gobierno de Iván Duque “tan defensor de los DD HH y la democracia en Venezuela”, ha asesinado 236 líderes sociales (88 en el transcurso de este año).

¿Quiénes son estos líderes sociales? El periodista colombiano Javier Darío Restrepo afirma: “uno repasa la lista de esas víctimas y encuentra que se trata de personas que, saliéndose de lo común, viven en función de los demás y dan su voz o su actividad para reclamar respeto de los derechos de las personas, de su dignidad o condiciones justas de vida y de trabajo”. Y es así. Las víctimas son defensorxs de los DD HH, del medio ambiente, sindicalistas, campesinxs, mujeres de organizaciones feministas, estudiantes. Se hace palpable la ausencia de garantías para la labor de lideresas y líderes sociales y la complicidad del gobierno y la justicia que no actúan y niegan la sistemática ola de asesinatos cometidos por la Fuerza Pública.

No existen errores ni excesos. Es un plan de Uribe y Duque para hacer fracasar los Acuerdos. Esto quedó evidenciado en la denuncia que hizo el diario New York Times el 17 de mayo, sobre la orden impartida por el jefe del ejército colombiano, general Nicasio Martínez Espinal, que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones y exigía resultados “sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles”, orden que abrió el camino para la impune política de los falsos-positivos.

Por eso los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinatos de líderes, amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados y el incremento de rutas y carteles del narcotráfico.

La impunidad para los altos niveles del gobierno y rangos militares forman parte de la estrategia y planes de Uribe-Duque para eliminar los Acuerdos de Paz y, con las instrucciones del Departamento de Estado de EE UU, crear conflictos en la zona de frontera con Venezuela, que podría justificar la invasión militar a ese país.

El montaje en torno a la liberación, ordenada por la justicia del ex-comandante guerrillero Jesús Santrich, lo puso de manifiesto. El anuncio de la posibilidad que fuera extraditado a EE UU, buscaba provocar la deserción de excombatientes que se encuentran en los Espacios Territoriales de Reconciliación que serían blanco de las operaciones previstas y diseñadas por el jefe del ejército. Y a su vez entraría en acción el plan con los desertores de la FANB (alrededor de 400) concentrados en Cúcuta, con quienes entrarían a territorio venezolano, junto a los paramilitares y mercenarios reclutados por el Comando Sur.

El pueblo colombiano no puede esperar nada bueno de ese gobierno cipayo y antipopular. NO hay paz, ni pan, ni trabajo ni respeto a los DD HH. Esto abrió una divergencia dentro del ahora partido legal FARC, entre la línea de Timochenko, que persiste en pedir respeto por los Acuerdos, y la de otros excomandantes como Iván Márquez quien abandonó su banca de senador; igual que otros desmovilizados consideran que lo firmado ya no existe por culpa de Duque-Uribe.

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Elena Rivero

Luego de estar exiliada durante la dictadura fascista de 1976, Elena se incorporó al PL en 1985. Fue dirigente gremial de la oposición docente en Salta. Además, es fundadora de Casa de amistad con Cuba y la Patria Grande y de la Asociación de Derechos Humanos "Coca Gallardo". Forma parte del Comité Central del Partido.

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