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Que el Congreso se pinte de verde

El 28 de mayo último se presentó ante el Congreso, por octava vez, el Proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con masivas movilizaciones en todo el país.

Como señalamos en LIBERACIÓN de abril pasado, el proyecto incorporó algunas novedades. Incluye como sujetos de este derecho a las mujeres y a otras identidades con capacidad de gestar, sin hacer distinción de nacionalidad, origen, residencia o ciudadanía, en concordancia con lo expuesto en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país. Prevé que a quienes soliciten el acceso al aborto se les brinde información “objetiva, pertinente, accesible, científica y laica, desprovista de consideraciones personales y religiosas”. Incluye a la práctica dentro del Programa Médico Obligatorio, el conjunto de prestaciones mínimas que debe asegurar cualquier obra social y el sistema público de salud. Además, descarta la objeción de conciencia como justificativo para impedir la Interrupción.

A diferencia del año pasado, la convocatoria de los “anti derechos” ante el Congreso fue muy escasa, mínima, frente a la multitud de pañuelos verdes que enmarcaron el reclamo por el Aborto Seguro Legal y Gratuito.

Sin embargo, esto no significa que estos grupos ultraconservadores y fascistas hayan retrocedido en sus intenciones. Para ellos, el médico Leandro Rodríguez Lastra es un modelo a seguir, luego que fuera condenado por haber mantenido dos meses internada a una joven y haber puesto trabas para que accediera a un aborto no punible, en los términos contemplados por la Ley vigente; la chica había quedado embarazada producto de una violación. Se realizaron movilizaciones en puntos del país reivindicando el papel de ese médico, con total insensibilidad con las víctimas de violación.

Otro ejemplo de la acción de los antiderechos se dio en Salta, donde un Colegio sancionó a un grupo de alumnxs por querer sacarse una foto con los pañuelos verdes.

Mientras tanto, el aborto clandestino siguió causando muertes. Sobre esto, los antiderechos no hacen mención. Al contrario, en sus filas se ha visto a profesionales que en privado lucran en virtud de la actual ilegalidad de la práctica.

Apenas un día después de que se presentara el proyecto se conoció que una mujer de 31 años murió en Tigre como consecuencia de una septicemia, tras haber intentado abortar en la clandestinidad. Y el 2 de junio, trascendió otro caso en la localidad de Moreno, donde una mujer de 28 años intentó frenar su embarazo con un tallo de perejil, sufriendo una infección generalizada.

Seguramente, son muchos los casos que no llegan a conocerse por la clandestinidad de las prácticas, el tabú y la hipocresía que rodean a estas circunstancias. No todo se conoce, lo que facilita que los opositores a la legalización minimicen las consecuencias de la prohibición y se nieguen a abordarlo como un caso de salud pública.

Aunque es difícil recolectar estadísticas, un trabajo realizado en 2005 por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto al Ministerio de Salud, concluyó que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. Las condiciones en las que se practican dependen fuertemente del contexto socioeconómico de la persona gestante, ya que quienes tienen mayores recursos pueden acudir a lugares con condiciones más seguras para llevar adelante la práctica.

El reclamo de Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene acompañado de la exigencia de la implementación de ESI en las escuelas. El nuevo proyecto hace hincapié en ello, responsabilizando a Nación, provincias y municipios. Se exigen políticas públicas de salud sexual y reproductiva.  

Aún no sabemos si el presente proyecto llegará al recinto legislativo para su discusión en el año en curso, esperamos que el oportunismo electoral no deje afuera su tratamiento.  Mientras tanto las organizaciones seguiremos en las calles gritando y exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

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María Alaniz

Profe de Ciencias Políticas y estudiante de Comunicación Social, María empezó a militar en el PL en 2009. Militante popular y feminista, fue una de las madres que impulsó el amparo contra la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas de Salta. Forma parte del Comité Central del Partido.

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