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¿Cómo combatir la Corrupción?

La corrupción política, judicial y administrativa preocupa hoy a la inmensa mayoría de las naciones. Es causa de crisis sociales y de descrédito de gobiernos y partidos. Según el Banco Mundial el pago de sobornos alcanza a más de un millón de millones de dólares anualmente. Además de los sobornos, las más comunes son el tráfico de influencias, la evasión fiscal, los fraudes, la malversación, el prevaricato, el nepotismo, el blanqueo de dinero, la extorsión al amparo de altos cargos para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones, falsificación de las adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que impone la ley, tráfico de influencias utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos y como corolario, la impunidad. No se agota ahí el listado de hechos. Corrupción es un entramado de acciones cometidos por individuos o grupos que abusan del poder político y financiero para su beneficio personal o de las corporaciones que representan, resignando el bien común.

La Convención de las Naciones Unidas y la Interamericana contra la corrupción, forman parte de los esfuerzos para prevenir, enfrentar y sancionar la corrupción a nivel global. Los países por su parte tienen legislaciones que tipifican y sancionan esos hechos. Pero ¿qué pasa cuando los organismos destinados a controlar y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción no funcionan y la justicia se saca la venda para no castigarlos? Es lo que sucede en nuestro país. La “transparencia” como bandera de campañas electorales de la mayoría de los candidatos, seduce a los electores que se ven defraudados cuando el candidato llega a ser gobierno, por caso Mauricio Macri.

Rápido y eficaz para señalar y castigar los “casos” de corrupción atribuidos al gobierno anterior, la justicia cómplice ha puesto empeño para tramitar las causas en los juzgados federales de Comodoro Py. La Causa de los Cuadernos donde está involucrada Cristina Fernández, otros ex-funcionarios y empresarios irá a juicio oral. En la Causa Ciccone fueron procesados el banquero Jorge Brito, el ex-titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y condenado el ex-vicepresidente Amado Boudou. La causa Gas Licuado por la que fueron detenidos el ex-ministro de Planificación Julio de Vido y Roberto Baratta por presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado, también apunta contra la expresidenta. Hay más causas de este tipo, que en medio de un gran despliegue mediático de Clarín y declaraciones de funcionarios pretenden instalar en la sociedad que el gobierno combate la corrupción. De los otros, porque de la propia la oculta o la niega.

El combate a la corrupción debe ser una política de Estado, acompañada por una participación ciudadana atenta y que denuncie los hechos. Así lo ha entendido el Gobierno de Cuba y así lo pone en práctica.

El triunfo de la Revolución puso fin a medio siglo de corrupción generalizada, incluso autorizada a escala gubernamental. Sin embargo, siempre han existido formas de desvío de recursos o abusos de poder que han sido sancionadas penal y civilmente. Raúl Castro tomó medidas enérgicas contra la corrupción. Creó la Contraloría General y arremetió contra corrupción en el sector alimentario, la aviación civil, las telecomunicaciones, el tabaco y la industria del níquel. En 2015 se penalizó hasta con 13 años de cárcel a funcionarios públicos, al director de perforación de la empresa Petróleo de Occidente y al supervisor principal de la compañía cubana por los delitos de cohecho, actos en perjuicio de actividad económica, abuso en el ejercicio del cargo y falsificación de documentos, cuyo accionar provocó pérdidas millonarias y daños a 14 pozos de crudo.

La actualización del modelo económico cubano ha significado un aumento de delitos económicos asociados a la corrupción vinculados a la producción, distribución comercial y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular. El gobierno ha tomado en cuenta estos problemas y a través de los organismos de control y de la justicia se han tramitado procesos penales con severas penas de privación de la libertad para los culpables, así como la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito.

Junto a las medidas judiciales se ha instalado la discusión en la sociedad cubana, con un claro mensaje: aun cuando no se viole norma legal alguna, si se actúa en contra de los preceptos éticos que deben caracterizar la conducta de un dirigente o funcionario, se considera un comportamiento corrupto y se sanciona. Y que quiénes incurran en esos actos aprovechando en beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el desarrollo de sus funciones terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar vínculos en el exterior que ponen en riesgo la seguridad nacional y pueden iniciar el camino de la traición a la patria. Ya Fidel, en un mensaje a la Asamblea Nacional, señalaba: “la lucha por la legalidad, la disciplina y contra los que delinquen contra la propiedad del Estado, tiene que ser muy firme y muy consecuente. Si no resulta que habremos derrotado al imperialismo y los ladrones casi nos van a derrotar a nosotros”.

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