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Gendarmería en Vaca Muerta y Chapadmalal

La fuerza de seguridad que otrora se dedicaba a defender las fronteras ahora conforma uno de los cuerpos represivos predilectos del gobierno nacional. Si bien su empleo en la represión interna no es exclusivo de la gestión macrista (recordar caso Lear), las políticas de Cambiemos y la ministra de Seguridad le dieron un rol preponderante y más represivo.

El año pasado, mediante el Decreto 683/18, Macri definió nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre las que incluyó la “permanente vigilancia y control sobre objetivos estratégicos” para la Defensa Nacional. La gestión macrista no se preocupa por la posible extranjerización de los recursos, sino por garantizar la explotación de los mismos por parte de capitales principalmente foráneos. Así habilitó a las Fuerzas Armadas, prefectura, PSA y Gendarmería a intervenir en la protección de esos emprendimientos.  Posteriormente, mediante el Decreto 703/18, estableció una Nueva Directiva para la Defensa Nacional, adecuándose a los lineamientos norteamericanos y poniendo al “terrorismo internacional” entre los principales problemas a atender.  Estas normas modifican decretos reglamentarios, lo que le permitió al gobierno eludir la discusión en el Congreso.

Esas medidas ya apuntaban a militarizar los yacimientos de Vaca Muerta, zona que cubre territorios ancestrales de comunidades mapuches, cuya propiedad corresponde efectivizar en virtud de normas constitucionales e internacionales. No es casual, claro, que el Ministerio de Seguridad haya insistido en caracterizar como terroristas a las acciones de las comunidades sureñas en reclamo de sus legítimas tierras.

Ahora, con el Decreto 768/2019, el gobierno extendió la jurisdicción de la Gendarmería a esa zona petrolera, con todas las funciones policiales y represivas asignadas a esa fuerza en la ley 19.349… firmada por el exdictador Alejandro A. Lanusse.

Como señalamos, no se trata de interés de defender los recursos nacionales; al contrario: las explotaciones en Vaca Muerta están a cargo de 18 empresas, entre las que se destacan la norteamericana Exxon Mobil, la francesa Total, la holandesa Shell y PanAmerican Energy, de la familia Bulgheroni (Alejandro Bulgheroni es la segunda persona más rica en el país), y Vista Oil, de inversores yanquis y el ex titular de YPF, Galuccio.

REPRESIÓN, JUVENTUD Y TURISMO SOCIAL

Mediante la Resolución 598/2019, se creó el Servicio Cívico Voluntario, con el supuesto objetivo de brindar a jóvenes de entre 16 y 20 años una formación en valores “democráticos y republicanos”. La destrucción del sistema educativo público de estos años deja claro que la formación de los jóvenes no es un objetivo del macrismo. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, señaló que es en las escuelas y clubes de barrio donde “verdaderamente se educa, contiene y apoya a los chicos”. El CELS se expresó en similar sentido, advirtiendo que “se amplía espacios de intervención de las fuerzas de seguridad y armadas hacia ámbitos y tareas que no les corresponden”.

El perfil cada vez más represivo y autoritario se consolidó hace pocas semanas, mediante otro decreto que asignó a la Gendarmería dos hoteles del Complejo Turístico de Chapadmalal. Ese complejo fue construido en tiempos de Perón para el turismo social; en 2008, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a orientarse a ese objetivo, subsidiando a jubilados y personas mayores para que pudieran hacer uso de esas instalaciones. Ese programa permitió que más de 110.000 personas aprovecharan el Complejo en 2010, cifra que se redujo a menos de 32.000 en 2017, en medio de la caída del poder adquisitivo de los ingresos de la población y un modelo político que protege los intereses monopólicos.

Esta decisión tiene un gran impacto simbólico: desestima la norma que declaró al Complejo como Monumento Nacional, al tiempo que militariza un predio donde se realizaba el cierre anual del programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo público bonaerense.

Desde la CPM lo sintetizaron bien: vaciaron los hoteles de turismo social para llenarlos de gendarmes.

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Jorge Ramírez

Jorge trabaja como docente universitario en la UNSa. Actualmente es el Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y forma parte del Comité Regional del Partido de la Liberación en Salta.

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