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¿Por qué nos oponemos a un Pacto Social con la UIA y la CGT

El “Pacto Social” es una propuesta histórica del peronismo, acorde a su visión de una sociedad con conciliación de intereses entre el empresariado y el movimiento obrero. En 1973, en la tercera presidencia de Perón, se firmó un acuerdo entre las cámaras empresarias y la CGT, propiciado por el ministro de Economía José Ber Gelbard, en un intento de equilibrar precios y salarios, en un contexto de alta inflación. Pero no resultó, porque las grandes empresas provocaron desabastecimiento para forzar aumentos de precios, y porque los salarios fueron perdiendo frente a la inflación, hasta la brutal devaluación de agosto de 1975. Eso provocó la histórica movilización conocida como el “Rodrigazo” (por el ministro de Economía Celestino Rodrigo, que tuvo que dejar el gobierno).

Para que un pacto sea equitativo, debe haber igualdad entre las partes, algo que no sucede en un acuerdo social entre empresarios y trabajadores, al ser éstos los que parten de una situación desventajosa. En la Argentina actual, frente a una brutal escalada de los precios de los alimentos, alquileres, los tarifazos de los servicios públicos, etc., los salarios han perdido de manera exponencial.

El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió con la cúpula de la CGT, y convocó a un Pacto Social, prometiendo que el movimiento obrero “será parte del Gobierno que viene”. También dijo que no será un acuerdo político sino la convicción de que “al país lo arreglamos entre todos”. Prometió que no será sólo un acuerdo de precios y salarios, sino que los trabajadores serán convocados a “diseñar las políticas del futuro”.

Como en todo pacto, las partes deben presentar sus demandas para la negociación y posterior acuerdo. Sin embargo, los dirigentes sindicales no le plantearon a AF un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales, ni siquiera un bono de fin de año, para paliar la acuciante situación de los sectores populares y estimular el consumo y dinamizar la economía. Los empresarios, por su parte, ¡hace rato que están con la maquinita de remarcar precios!

Por ello, desde las Agrupaciones de Base Clasistas (ABC) rechazamos el Pacto Social al que se encamina el futuro gobierno, entre la Unión Industrial Argentina, sectores del campo y la CGT.

Primero, porque los empresarios partirán de un piso muy alto, con los escandalosos aumentos de precios que se han dado en estas últimas semanas. Los trabajadores, en cambio, han perdido en promedio un 20% del poder adquisitivo en los últimos 4 años. Los desocupados, jubilados y beneficiarios de planes sociales, están todavía peor.

Segundo, porque quienes se sentarán a la mesa de este acuerdo, son dirigentes traidores a sus bases, que ya negociaron con Macri en 2016 un pacto para evitar los despidos por 90 días, y ese acuerdo no duró ni una semana. Hoy no se animan a pedir siquiera un aumento de salario. ¡Con representantes así, estamos al horno!

Tercero, porque para garantizar que los empresarios dejen de remarcar, hay que implementar el control de precios, en el que participen las asociaciones de consumidores y también las organizaciones gremiales. Los Precios Cuidados no han servido para frenar la inflación, ¿planteará AF un control en ese sentido? Hasta ahora no lo ha dicho.

Para el futuro gobierno, el pacto social sería un “primer paso” para intentar frenar la inflación e impulsar la demanda interna y un posterior crecimiento de la economía. Ese objetivo de reactivación es positivo, pero si no hay un aumento real de los ingresos de la población, serán sólo buenas intenciones.

El gobierno sabe que la principal dificultad del Pacto Social es conseguir que cada uno de los participantes tenga la voluntad de ceder algo en la proyección de la recuperación. Parece que la CGT ya cedió y no está pidiendo aumento de salario ni bono de fin de año. ¿Qué van a ceder los empresarios, la mayoría monopolios, cuando casi todos están remarcando precios todos los días?

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Irina Santesteban

Irina milita en el Partido de la Liberación desde 1987. Es periodista y abogada, fue Secretaria General de los judiciales de Córdoba entre 2008 y 2014 y actualmente es delegada de su sector. Además, integra el movimiento de mujeres, las Agrupaciones de Base Clasistas (ABC) y forma parte del Comité Central del Partido y del Secretariado Nacional.

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